Desarrollo histórico y situación actual del lenguaje claro

Desarrollo histórico y situación actual

Desde 1970 comienza a fraguarse en distintos países una tendencia a promover el uso por parte de los poderes públicos y de las instituciones privadas de un lenguaje claro, fácil de comprender para cualquier ciudadano, que ha alcanzado distintos niveles de desarrollo. El mundo anglosajón fue pionero de esta iniciativa, que dio lugar a una corriente internacional conocida como plain language movement. Suecia es el país que más ha progresado en el uso del lenguaje claro en todos los ámbitos del Estado. Por su parte, la comunidad hispanohablante se muestra hoy especialmente activa en esta línea de trabajo, con múltiples actuaciones en diversos espacios, en los que el español está llamado a desempeñar una función de liderazgo, como segunda lengua de comunicación internacional con casi seiscientos millones de hablantes en todo el mundo.

En el anexo I se resumen las principales iniciativas de lenguaje claro desarrolladas a nivel nacional y supranacional en diferentes idiomas. Reflejan acciones impulsadas por los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y operaciones llevadas a cabo en el ámbito privado, donde este movimiento está adquiriendo un auge creciente en diversos sectores, con implicaciones sociales y económicas. Cabe destacar, sin embargo, que todas estas actuaciones no han logrado hasta la fecha una aplicación sistemática y transversal en el conjunto de la sociedad, seguramente debido a la falta de un referente de autoridad.

En el ámbito hispanohablante, son países especialmente activos, junto a España, México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay.

Por lo que respecta a España, la creación de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 2009 por parte del Ministerio de Justicia, de la que formó parte la Real Academia Española, constituye la primera iniciativa oficial para atender la necesidad de dar contenido específico al derecho de los ciudadanos a comprender los textos normativos y las distintas comunicaciones y resoluciones que reciben procedentes de juzgados y tribunales. El informe emitido por la Comisión en 2011, con su primer apartado dedicado al «derecho a comprender», estableció que «una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender» y que el mal uso del lenguaje por parte de los operadores jurídicos genera «inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales»; recuerda también que la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, hacía de la claridad del Derecho «una política pública» y reconocía «a la ciudadanía el derecho a comprender».

En la actualidad, está en proceso de constitución una nueva comisión al amparo del «Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía» suscrito en 2021 por la RAE, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España.

Hito fundamental fue la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Paraguay, 2016), donde España y Chile encabezaron el proyecto Justicia y Lenguaje Claro: por el Derecho del Ciudadano a Comprender la Justicia, al que se sumaron otros países de la región, y que dio lugar a diversas actuaciones nacionales. Entre ellas es posible distinguir distintos matices de realización, pues en algunos casos se orientan especialmente a colectivos ciudadanos de especial vulnerabilidad, como es el caso de la iniciativa Lectura fácil promovida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Se establece así la distinción entre lenguaje claro y lenguaje accesible.

Entre las iniciativas nacionales surgidas a raíz del acuerdo de la Cumbre destaca la constitución de las redes de lenguaje claro de Chile (2017), Argentina (2018) y Colombia (2018)*, con el propósito de agrupar las iniciativas en torno a este asunto y avanzar de manera sistemática en la creación de productos específicos y en la formación.

En el plano multilateral, la Cumbre asumió como proyecto propio la elaboración de un Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) y exhortó a los poderes judiciales a unirse a esta iniciativa y a participar activamente en los trabajos, dirigidos y coordinados por la Real Academia Española, con la colaboración de las academias nacionales de la lengua. El proyecto DPEJ es parte esencial del programa de lenguaje claro acordado en la Cumbre, puesto que incluye entre sus propósitos principales el de promover el uso de un lenguaje jurídico claro, inclusivo y no discriminatorio.

Desde su xviii edición la Cumbre Judicial Iberoamericana ha incorporado a su estructura permanente el Grupo Lenguaje Claro y Accesible, coordinado por España y Chile, cuyos trabajos continúan en la actualidad a través de la actualización permanente del DPEJ y su conexión digital con la legislación y la jurisprudencia de todos los países iberoamericanos, que culminará en la creación de una plataforma jurídica iberoamericana. La plataforma será un instrumento esencial para garantizar el derecho a comprender de todos los ciudadanos y facilitará su comunicación con las instituciones públicas, los operadores jurídicos y los diversos agentes sociales.

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* Las redes nacionales de lenguaje claro están constituidas actualmente por las instituciones siguientes:

• Red de Lenguaje Claro Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Corte Suprema, Cámara de Diputados, Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Biblioteca del Congreso Nacional, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, 1.^er Tribunal Ambiental, 3.^er Tribunal Ambiental, Superintendencia de Salud, Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Dirección de Compras y Contratación Pública, Universidad de la Serena, Academia Chilena de la Lengua.
• Red de Lenguaje Claro Argentina: constituida en 2018, el cambio de gobierno afectó a su actividad, que decayó. Fue refundada en 2022 desde Observatorio de Lenguaje Claro de la Universidad de Buenos Aires.
• Red de Lenguaje Claro Colombia: Senado de la República, Cámara de Representantes, Departamento Nacional de Planeación, Departamento de la Función Pública, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Consejo de Estado (sección quinta), Veeduría distrital de Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, Universidad de los Andes (Bogotá), Universidad EAFIT (Medellín), Universidad ICESI (Cali), Universidad del Norte (Barranquilla), Universidad Santiago de Cali, Peña Delgado & García Abogados.