ANEXO I: Resumen histórico de iniciativas de lenguaje claro

I. Iniciativas de lenguaje claro por países

Reino Unido                                          

• En 1940, Winston Churchill fue uno de los precursores del lenguaje claro cuando, en un memorando de gabinete de guerra, apela a la brevedad. Aceptados sus planteamientos durante el conflicto bélico, sin embargo no fueron recogidos en el ámbito civil, de manera que solo treinta años después comienza realmente el denominado «movimiento pro lenguaje claro».
• En 1971, Chrissie Maher se une al Consejo Nacional del Consumidor en Inglaterra y crea una oficina para asesorar a las personas para solicitar beneficios sociales. La constatación de la dificultad del trámite le lleva a reescribir los formularios en lenguaje claro y a denunciar el problema. El Gobierno tarda en responder.
• En 1979, Chrissie Maher inicia la Plain English Campaign para combatir el gobbledygook, argot burocrático considerado confuso e ininteligible. Como parte de la campaña, se convocó un concurso público para otorgar el premio Clarity a aquellas instituciones gubernamentales cuya comunicación escrita con la ciudadanía fuera eficaz. A la vez, se estableció una política para reescribir formatos de documentos gubernamentales. El éxito alcanzado motivó la ampliación de la iniciativa y su consolidación a través de cursos sobre diseño de información y desarrollo de documentos legales en la Unidad de Servicio Civil, dirigidos a abogados. También aparecen compañías consultoras dedicadas a ofrecer adiestramiento, escribir y editar documentos, gubernamentales y privados, como la UK Plain Language Commission y Clarity. Esta última comenzó como un esfuerzo de un grupo de abogados para promover el lenguaje legal sencillo y se ha convertido en un movimiento internacional con presencia en 34 países.
• En 1995 comenzó el proyecto para reescribir la legislación de impuestos, que constituyó uno de los desarrollos más significativos de la iniciativa Plain English.
• El proyecto continúa ampliado a otras leyes. La consecuencia más importante de esta experiencia es el reconocimiento de que la claridad y legibilidad de los documentos depende no solo de su texto, sino también de la manera en que son presentados.

Estados Unidos

• Antecedentes: Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln (1863) y Los elementos del estilo, de William Strunk Jr. (1920), después reeditado junto a E. B. White.
• Hitos fundacionales: En 1975 el Citibank redacta por primera vez en lenguaje claro los contratos de acceso al crédito para sus clientes; en 1978 el presidente Jimmy Carter aprueba la Orden Ejecutiva 120.444, que apela a la claridad de los reglamentos; y en 1979 el estado de Nueva York aprueba una ley de lenguaje claro (New York Plain English Law), que supone la primera ocasión en que se legisla sobre el asunto en este país.
• En estos años se aplicó la revolución del lenguaje claro en el campo del derecho, como demuestra el libro Plain English for Lawyers.
• En 1994, se creó la red federal de acción e información en lenguaje claro PLAIN.
• En 1998, el presidente Bill Clinton emite un memorando que aconseja el empleo de lenguaje claro en los textos del Gobierno. Ese mismo año, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos da a conocer un documento que tendrá gran influencia en el mundo financiero y en el legal: A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents.
• En 2003 se crea el Center for Plain Language para impulsar el uso del lenguaje claro en el ámbito privado e instancias no federales.
• Durante la presidencia de Barack Obama, en 2010, se aprueba The Plain Writing Act, que exige a los organismos federales redactar la información pública de manera clara y comprensible.

Australia

• El movimiento comenzó en 1987 a través de una iniciativa del Gobierno estatal de Victoria, que constituyó una unidad encargada de reescribir documentos existentes. El Gobierno federal creó el programa Plain English and Simpler Forms para estandarizar y facilitar la comunicación gubernamental escrita, con el apoyo de varios Gobiernos estatales y del procurador general de Justicia para simplificar leyes y documentos normativos.
• Posteriormente el Plain English se extendió al ámbito académico a través de la Universidad de Sídney con la creación del Center for Plain Legal Language, así como al campo de las consultoras legales, que establecieron unidades de Plain English.

Canadá

• El Gobierno instituyó en 1971 la Comisión para la Reforma de la Ley, con el objeto de revisar todas las leyes federales vigentes y publicar recomendaciones para su mejora.
• En 1976, la Conferencia de Lenguaje Uniforme elaboró las Convenciones para Escritura Legislativa, que incorporaban principios de lenguaje sencillo y claro para modernizar y estandarizar los estilos de escritura en todo documento normativo.
• El Ministerio de Justicia fue pionero en la utilización de este lenguaje, hizo consultas y realizó pruebas piloto sobre el uso de la nueva legislación. Existe un esfuerzo gubernamental permanente, a través del Comité Intersecretarial de Plain Language y la Secretaría Nacional de Alfabetización, para adoptar el uso de las técnicas del lenguaje sencillo y claro.

Francia

• Tras una encuesta en 2002, el Gobierno creó el Comité d’Orientation pour la Simplification du Langage Administratif (COSLA) con el objeto de mejorar la calidad del lenguaje oficial a través del uso de un lenguaje más claro.

Suecia

• Desde los años sesenta y setenta, se adopta una política sistemática de lenguaje claro que implica que toda la legislación debe escribirse con un lenguaje comprensible para las personas. A partir de 1976 todos los proyectos de ley son revisados por un equipo de juristas y lingüistas de la Secretaría General del Gobierno, que analiza la calidad de su redacción.
• El 1 de julio de 2009 se promulgó la Ley Lingüística, que establece como uno de los principales objetivos para la política lingüística en Suecia que «el lenguaje administrativo será cuidado, sencillo y comprensible».
• En el ámbito de la jurisprudencia, el Gobierno sueco creó en 2008 la denominada Comisión sobre la Confianza, con el propósito de identificar los factores que influyen en la confianza que los ciudadanos tienen en los tribunales y de proponer medidas para aumentarla. Entre los factores identificados destaca la forma en que están redactadas las sentencias. El informe de la Comisión establece que las sentencias deben ser redactadas de una manera comprensible para todos los interesados y que para ello es necesario cambiar las convenciones de redacción clara y tener más en cuenta a los destinatarios.

España

• El artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad de las personas y los grupos en que se integran, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es esencial para que todas las personas puedan ser libres e iguales, y para que puedan participar de forma efectiva en los asuntos públicos, que comprendan los instrumentos a través de los cuales se expresan las diversas instituciones del Estado. El lenguaje jurídico que se incorpora en los textos normativos, en las resoluciones judiciales o administrativas que afectan directamente a los derechos y obligaciones de las personas y en comunicaciones de todo tipo que reciben de los poderes públicos ha de ser comprensible para la ciudadanía a la que, en definitiva, aquellos textos van dirigidos. Se puede afirmar, por lo tanto, que hay un fundamento constitucional en la exigencia de un buen lenguaje legal.

• En 1990 existe un primer precedente en esta línea: el Manual de estilo del lenguaje administrativo publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
• La creación de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en 2009 por parte del Ministerio de Justicia, de la que formó parte la Real Academia Española, constituye la primera iniciativa oficial para atender el derecho de los ciudadanos a comprender los textos normativos, judiciales y administrativos.
• El informe emitido por la Comisión en 2011, con su primer apartado dedicado al «derecho a comprender», estableció que «una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender».
• En la actualidad, está en proceso de constitución una nueva comisión al amparo del Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía, suscrito en 2021 por la RAE, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España.
• Por otra parte, existe hoy una segunda línea de trabajo que promueve la accesibilidad de la información escrita por parte de la ciudadanía, pero con especial atención a las personas en situación de riesgo o exclusión social (adultos mayores, personas con discapacidad física o intelectual…). Esta iniciativa se denomina con carácter general Lectura fácil.
• Destaca, finalmente, el impulso a las iniciativas de lenguaje claro en España desde el ámbito periodístico y comunicacional, que han dado lugar a una proliferación de manuales de lenguaje claro y obras análogas. Cabe mencionar en esta línea el «Manifiesto Archiletras por un lenguaje claro en la Administración», publicado por la revista Archiletras en enero de 2022.
• El 9 de marzo de 2023 la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño, anunció que impulsará en la Administración General del Estado un Decálogo del lenguaje claro, con el que pretende apoyar la comprensión de los trámites digitales por parte de los ciudadanos. El proyecto se llevará a cabo desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial a cargo de Carme Artigas.

Chile

• El Senado de la República es pionero desde 2005 de iniciativas en este sentido que se materializan  a partir de 2008 tras la presentación en el Congreso de Plain, en los Estados Unidos, de la ponencia Ley Fácil en la Biblioteca del Congreso Nacional. La idea de clarificación de la ley en Chile o de hacerla más comprensible para los ciudadanos (Ley Fácil) se desarrolla hasta hoy.
• En la Administración pública comienzan proyectos de lenguaje claro en varias instituciones: Consejo para la Transparencia, Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, que elabora un glosario de términos legislativos en lenguaje claro.
• En 2014 el Poder Judicial de Chile desarrolla el Proyecto BID de Clarificación y Simplificación de Resoluciones Judiciales. Se publica el Glosario de términos legales. Se acepta la propuesta conjunta de Chile y España de incluir el lenguaje claro y justicia como tema de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
• En 2015 Chile —representado por la Corte Suprema— y España lideraron el proyecto Justicia y Lenguaje Claro: por el Derecho del Ciudadano a Comprender la Justicia, al que se sumaron otros países de la región (Uruguay, México, Paraguay y Colombia, entre otros). El estudio realizado fue utilizado por el grupo de trabajo de la Cumbre Judicial Iberoamericana para proponer recomendaciones para mejorar y clarificar las sentencias (Paraguay, 2016).
• Todas esas iniciativas culminan en la creación de una Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. Desde 2016 se convoca el Concurso Nacional de Sentencias en Lenguaje Claro.
• En 2015 se dan los primeros pasos para la creación de una red de lenguaje claro que vincule a las instituciones y organice su trabajo en la redacción de documentos de interés ciudadano. En 2017, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados, la Biblioteca del Congreso Nacional, el Consejo para la Transparencia, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso suscribieron el Acuerdo de Lenguaje Claro, que consagra la Red de Lenguaje Claro. Con la firma del Acuerdo de la Red de Lenguaje Claro Chile comienza una nueva etapa en el uso de lenguaje claro en la Administración pública y se instala como tema de investigación en el ámbito académico.
• Se encuentra en trámite final el proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a a la información pública (ley de transparencia 2.0), que enmienda el artículo 11 de la ley actual para incorporar el principio de lenguaje claro.
• En esta misma línea se aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, elaborado en el marco del trabajo que realiza el Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional (2020), para incorporar el uso del lenguaje claro como uno de los principios, vinculado a la transparencia que rige la participación ciudadana.
• El 2 de marzo de 2022 la Convención Constitucional, en la sesión 62.ª de su Pleno, aprueba la incorporación al proyecto de Constitución de las normas propuestas por la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, que incluyen en su artículo 9 que «las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo».

México

• En 2006, en el Gobierno del presidente Vicente Fox se impulsa una política que considera que simplificar y clarificar el lenguaje disminuirá los índices de corrupción. Comienza entonces la tarea de escribir toda la documentación de la Administración pública en lenguaje claro, se elabora el Manual de lenguaje claro y se capacita a los funcionarios públicos para orientar la escritura de los documentos públicos a su comprensión por los usuarios.
• Esta iniciativa perdió fuerza después y hoy las propuestas de «lenguaje ciudadano» se desarrollan en el ámbito académico y en el mundo privado.
• En 2007 se publica el Manual de redacción jurisdiccional de la primera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque no es una guía de lenguaje claro, incorpora sus premisas al referirse a la claridad y la transparencia.
• En 2013, y en el ámbito judicial, los magistrados de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulsan la iniciativa «Justicia electoral cercana a la ciudadanía», que promueve un nuevo modelo de sentencia con textos breves, claros y bien argumentados y se plasma en el Manual para la elaboración de sentencias, en el que se plantea usar lenguaje ciudadano y se ofrecen modelos de buenas prácticas. Se considera que la iniciativa incrementa la transparencia institucional y esta, a su vez, fomenta la confianza y la legitimidad de los tribunales.

Colombia

• El presidente Juan Manuel Santos incorpora el lenguaje claro como una política del «Buen Gobierno». En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se menciona explícitamente la política de lenguaje claro como una herramienta que ha permitido bajar los índices de corrupción.
• En diciembre de 2011 se publica la Guía de lenguaje ciudadano para la Administración pública colombiana, a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública, y en el año 2015 se publica la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia.
• Estos antecedentes respaldaron la preparación de un proyecto de ley de lenguaje claro en español. En Colombia, los avances en lenguaje claro más relevantes están en la Administración pública. Se encuentran en proceso de trámite en el ámbito legislativo. Falta aún el mundo judicial.
• En 2018 se presentó en la Cámara un proyecto de ley (proyecto de ley 063) que pretendía incorporar elementos de lenguaje claro a la ley de transparencia. Fue archivado por requerir más tiempo de discusión para su aprobación.
• En 2020 se presentó en la Cámara un nuevo proyecto de ley ordinaria (proyecto de ley 020 de 2020) cuyo plazo de aprobación se extiende hasta julio de 2022.
• En 2018 se crea la Red de Lenguaje Claro Colombia, después de las constituidas en Chile y Argentina.

Argentina

• Las iniciativas de lenguaje claro son promovidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Destacan entre ellas: «Derecho fácil», que ofrece una versión en lenguaje claro de las leyes, decretos y resoluciones que evita las palabras técnicas para adaptar el lenguaje legal a la forma de hablar de la vida cotidiana de las personas; «Wiki Ius», que consiste en la construcción de un «glosario participativo» de términos jurídicos, en el que los ciudadanos pueden contribuir a elaborar las definiciones en lenguaje claro; «Lectura fácil», consistente en una técnica de redacción, adaptación y publicación de textos destinados a personas con discapacidad intelectual, usuarios del idioma como lengua extranjera o segunda, niños que empiezan a leer o personas con dificultades de comprensión lectora.
• En 2016 el Gobierno publicó el Manual SAIJ de lenguaje claro.
• En el ámbito legislativo en 2014 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que propone incluir en las sentencias definitivas de primera instancia un apartado en el que el juez se dirija a las partes en un lenguaje coloquial, simple y directo, evitando los tecnicismos, para facilitar la comprensión de las sentencias.
• En 2017 se llevaron a cabo las Primeras Jornadas de Lenguaje Claro en Buenos Aires. En este contexto se fundó en 2018 la Red de Lenguaje Claro Argentina, después de la chilena, a fin de agrupar las iniciativas en torno a este tema y avanzar de manera sistemática en productos y capacitación. El lenguaje claro se consolida como una política pública respaldada por el Senado y el Ministerio de Justicia.
• Como un hito, desde 2020 Argentina cuenta con dos leyes acerca de lenguaje claro: ley 6367 (sancionada el 3 de diciembre de 2020), que promueve el uso del lenguaje claro en actos y documentos del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 15.184 para la promoción del uso y desarrollo del lenguaje claro en los textos legales y formales, presentada en la provincia de Buenos Aires y sancionada el 10 de septiembre de 2020.
• En el ámbito judicial los avances se orientan más a nivel de lectura fácil que de lenguaje claro.
• La Universidad de Buenos Aires cuenta con un Observatorio de Lenguaje Claro, y la Universidad del Salvador ofrece una Diplomatura en Lenguaje Claro.

Perú

• En 2014 se publicó un Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos, que dedica un apartado a la redacción de las sentencias con lenguaje claro en el que se señala la necesidad de comprensión por parte de cualquier tipo de lector, tanto jurista como ciudadano común. Se documentan también, como en Argentina, algunas sentencias elaboradas en lectura fácil.

Uruguay

• Las iniciativas de lenguaje claro se articulan en torno al Programa de Lenguaje Ciudadano de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), institución encargada de difundir la normativa jurídica de ese país, que pone las normas a disposición de los ciudadanos en lenguaje claro y simple como medio para que puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones.

II. Iniciativas supranacionales de lenguaje claro

Unión Europea

Desde 2010 publica un cuadernillo en todos los idiomas oficiales denominado How to write clearly como parte de un programa general de la para redactar en forma clara denominado Clear Writing for Europe.

El Departamento de Lengua Española de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea forma parte de esta iniciativa y ha creado un grupo de trabajo sobre el tema con especialistas de la Administración española y del mundo académico.

La Comisión Europea celebra una conferencia anual sobre lenguaje claro. En 2023 tendrá lugar los días 23 y 24 de mayo de 2023, en la que la profesora Iria da Cunha, miembro de su red informal de expertos españoles sobre lenguaje claro, presentará el sistema arText.

Cumbre Judicial Iberoamericana

La XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana (Paraguay, 2016) aprobó en la Declaración de Asunción en relación con el Proyecto Lenguaje Claro y Accesible, presentado por España y Chile, los siguientes postulados:

«62. Aprobamos, con la redacción definitiva que se incorpora como Anexo 13 de esta declaración, la guía sobre lenguaje claro y accesible presentada por el grupo de  trabajo cuya coordinación estuvo a cargo del Reino de España y de Chile;

63. Afirmamos que la legitimidad de la judicatura está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales, y que ello constituye un verdadero derecho fundamental del debido proceso; a tal efecto, entendemos que es esencial el uso de un lenguaje claro, e inclusivo y no discriminatorio en las resoluciones judiciales, y una argumentación fácilmente comprensible;

64. Entendemos que la elaboración y aprobación de un Diccionario Jurídico  Panhispánico o Panamericano se constituirá en una obra de suma importancia en la unificación del léxico jurídico del orbe iberoamericano; y creemos que en dicho diccionario, sujeto en su redacción a las reglas de lexicografía, todos los países de habla hispana de Iberoamérica han de encontrar la expresión de la diversidad de su vocabulario jurídico;

65. Exhortamos, por lo tanto, a los Poderes Judiciales de la Cumbre Judicial Iberoamericana a unirse a esta gran empresa y a participar activamente de los trabajos que se efectúen con tal fin».

Alianza para el Gobierno Abierto

La Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa multilateral creada en 2011 y formada por 78 países, reconoce el deber del Estado de hacer más accesible la información.

III. Asociaciones internacionales (fuera del ámbito específico del español)

Federación Internacional de Lenguaje Claro (IPLF)

Constituida en 2007. Integra a las tres grandes redes: Center for Plain Language, PLAIN y Clarity. Tiene como objeto dar a conocer el movimiento en el ámbito profesional.

Center for Plain Languaje (CLP)

Publica un informe anual que evalúa el grado de cumplimiento de la Ley de Lenguaje Claro por parte de las agencias federales de los Estados Unidos.

PLAIN

Incluye representantes de treinta países que trabajan en lenguaje claro en quince idiomas.

Clarity

Orientada a la promoción del lenguaje jurídico claro. Publica bianualmente The Clarity Journal.

Plain Language Europe

Red de profesionales.

IV. Iniciativas diversas

Enclaro. Encuentros sobre lenguaje claro (España)

Organizados por Archiletras, Cálamo&Cran e Isabel Espuelas.

V. Recursos

Clara de Prodigioso Volcán, que se ofrece como herramienta para medir la claridad de los textos.

ArText-claro, asistente de redacción que entrega orientación para la claridad de los textos. Desarrollado por la profesora de la UNED Iria da Cunha, profesora contratada doctora en la Facultad de Filología de la UNED en Madrid, y en esta institución investigadora principal de un proyecto nacional sobre lenguaje claro y procesamiento del lenguaje natural (PLN) en español desde 2019. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y se lleva a cabo en el marco de una colaboración firmada con el Ayuntamiento de Madrid (concretamente, con la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano). Uno de los frutos de este proyecto es el sistema tecnológico arText-claro, el primer redactor asistido para el español que ayuda a escribir en lenguaje claro textos del ámbito de la Administración. El sistema pueda utilizarse gratuitamente y en línea desde http://sistema-artext.com/.