La Fundación pro-RAE y el Colegio de Registradores de la Propiedad firman un convenio de colaboración

Este martes 19 de octubre ha tenido lugar en la sede institucional de la Real Academia Española (RAE) la firma del convenio de colaboración entre el Colegio de Registradores de la Propiedad y la Fundación pro Real Academia Española.

En el acto han estado presentes el director de la RAE y vicepresidente de la Fundación pro-RAE, Santiago Muñoz Machado, y la decana del Colegio, María Emilia Adán García, así como la secretaria de la Fundación, Ana Murillo, y el secretario del Colegio, José María Ramírez–Cárdenas Gil.

Este convenio sella el compromiso de ambas instituciones para velar por el fomento del buen uso de la lengua española.

Fundación pro-RAE

Desde el año 1999, y hasta el presente, la Fundación pro Real Academia Española ha suscrito numerosos convenios con distintas empresas españolas.

Esta colaboración de la sociedad civil ha sido imprescindible para que la RAE pudiese cumplir, en estrecha colaboración con todas las academias de la lengua española, sus fines al servicio de la unidad y el uso correcto de nuestro idioma común.

Entre las misiones de la entidad figura la de colaborar con la RAE financiando y difundiendo sus trabajos, particularmente los de revisión y publicación de sus diccionarios, vocabularios y gramáticas, publicación de ediciones solventes y de facsímiles de escritores de habla española, actividades que se realicen conjuntamente con comunidades autónomas que posean lenguas oficiales, y cualquier otra actividad relativa a investigaciones y estudios científicos y culturales que la RAE considere necesario acometer.

Colegio de Registradores de la Propiedad de España

El 18 de mayo de 1934 el ministro de Justicia Cantos Figuerola y el presidente Alcalá-Zamora firmaron el decreto por el que se creaba el Colegio de Registradores de la Propiedad de España.

El decreto contenía siete artículos y tiene un núcleo con la enumeración de los fines que ha de perseguir el Colegio de Registradores. Entre ellos destaca la unión y cooperación de sus miembros por medio de subvenciones a los registros incongruos (deficitarios), auxilio a las familias de los registradores fallecidos y pensiones a los jubilados; prestar al gobierno y a la dirección general de los registros y del notariado los informes y servicios que consideren oportunos, y reglamentar el nombramiento y retribución de los oficiales de los registros de la propiedad.