La RAE como cuestión de Estado
La Real Academia Española (RAE) quiere dar a conocer la importante actividad que, junto con sus academias hermanas de América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, desarrolla para preservar el bien más importante de nuestro patrimonio cultural, que es la lengua que compartimos con casi seiscientos millones de personas en el mundo. Solo el desconocimiento podría justificar que los gobiernos, las corporaciones económicas o culturales y la sociedad civil no aprecien adecuadamente la importancia de estas instituciones, que suplen a los Estados en el desarrollo de políticas esenciales para la defensa de la calidad y unidad de la lengua. Igual de importante es constatar la fuerza que infunde la autoridad de la RAE y del conjunto de las academias a la estabilidad y mejora de las relaciones entre las naciones.
La RAE, fiel a su espíritu fundacional, ha prestado servicio a la Nación a lo largo de sus tres siglos de vida: en el xviii normalizó y reguló la lengua española dotándola de sus tres textos normativos esenciales: el diccionario, la ortografía y la gramática; en el siglo xix consiguió ganar la autoridad que era precisa para que sus normas fueran cumplidas voluntariamente y evitó que, tras las independencias americanas, las nuevas repúblicas adoptaran otras lenguas distintas del español como propias de sus naciones o estimularan el desarrollo de lenguas locales derivadas del castellano. En el siglo xx, ha constituido y mantenido el espíritu del panhispanismo, que involucra a todas las naciones hispanohablantes en la conservación de la unidad y el buen uso de nuestra lengua común, que es el valor superior de nuestra cultura. Y en lo que llevamos cumplido del xxi, y sobre todo en los últimos años, la Academia está fijando el papel del español en el universo digital.
A este propósito informativo sirven la página web corporativa y una nueva publicación anual de inmediata aparición, la Crónica de la lengua española, que dará cuenta de los trabajos desarrollados por la Academia, explicará los problemas más relevantes que afectan a la unidad de nuestra lengua en el universo hispanohablante y expondrá sus criterios sobre cómo abordarlos y enfrentar los cambios que experimenta nuestro idioma. La Crónica constituirá un órgano de comunicación institucional de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que complementará a la página web, donde se ponen a disposición de los hispanohablantes las obras y los recursos, la información sobre los proyectos y la actualidad de la actividad académica.
Función de la RAE
La Real Academia Española (RAE) fue creada en 1713 por iniciativa de don Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena. En 1714 el rey Felipe V otorgó el privilegio real confirmando su constitución y estatutos, y asegurando medios para su mantenimiento consistentes en la asignación de sesenta mil reales con cargo al patrimonio de la Corona.
El castellano o español era entonces una lengua no estandarizada ni normativizada, lo que implicaba la pervivencia de muchas variantes dialectales y la concurrencia de formas de expresión y léxico bastante diferenciadas.
La Real Academia Española asumió la importantísima tarea de normativizar el español, a lo que contribuyó mediante tres obras capitales: el Diccionario, preparado y editado entre 1713 y 1739 (conocido como Diccionario de autoridades, en seis tomos), la Ortografía (1741) y la Gramática (1771).
Los seis tomos iniciales del Diccionario se transformaron en un Diccionario común o de uso, en un solo volumen, editado en 1780. De este Diccionario de uso común se han hecho, a lo largo de la historia, veintitrés ediciones (la última en 2014).
La publicación, también en 1780, de la edición ilustrada del Quijote, conocida como el Quijote de Ibarra, supuso el comienzo de otra vertiente del trabajo académico, como es la divulgación de las obras relevantes —particularmente los clásicos— para el conocimiento general de la lengua y las letras, una tarea que, considerada estatutariamente como una de las misiones fundamentales de la Academia, se mantiene hoy con gran aceptación social.
La función que, desde su constitución, ha cumplido la RAE es de interés general y servicio público como resulta evidente. Ha cuidado de fijar y normativizar la lengua del Estado español; si se quiere, la lengua general o común del Estado español, que todos los ciudadanos tienen el deber de conocer y el derecho a usar de acuerdo con lo que actualmente establece nuestra Constitución (artículo 3.1).
La normativización de la lengua es una función de Estado, sin duda posible, porque atañe al bien cultural más importante que tiene una comunidad política. Este papel nunca lo ha cumplido el Estado directamente, sino que lo ha delegado implícitamente en la Academia para que lo atienda. Por ello, la RAE es una corporación de derecho público de base privada.
Al servicio de la unidad
Al iniciarse los procesos independentistas en las colonias españolas de Hispanoamérica, algunas de las nuevas Repúblicas se plantearon adoptar, como lengua nacional, un idioma distinto del castellano (por ejemplo, el francés en Argentina), o proclamar como idioma nacional una lengua evolucionada a partir del español pero con peculiaridades fonéticas y léxicas distintas, invocando como ejemplo de este proceso de derivación lo ocurrido, a partir del latín, con las lenguas romances.
Se negó en consecuencia, en algunos Estados, la autoridad del Diccionario, la Gramática y demás obras de la Real Academia Española. Estas reticencias se superaron a lo largo del siglo xix y quebraron definitivamente cuando la Gramática y el Diccionario de la RAE se utilizaron en todos los países otorgándoles valor normativo, es decir aceptando que la regulación de la lengua correspondía a la Real Academia Española.
Desde entonces, a la idea de fijar y depurar la lengua, que fue el fin inicial de creación de la RAE, se sumó, con preferencia incluso, el mantenimiento de su unidad en los dos lados del Atlántico. Se trataba de afrontar el peligro, verdadero e inminente, de que el español de ambas orillas se fragmentara hasta el punto de que se desarrollaran formas dialectales que hicieran imposible la comprensión del español entre los hablantes de la misma lengua.
A esta tarea unificadora contribuyó decisivamente la RAE, no sólo manteniendo su autoridad lingüística, sino también fomentando desde 1870 la creación de academias correspondientes en cada uno de los países de Hispanoamérica. El proceso comenzó en 1871 con la creación de la Academia Colombiana de la Lengua y, a lo largo de cien años, nacieron, una a una, las veinte academias americanas y la filipina de la lengua española, a las que ya en el siglo xxi se añadiría la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española.
Una política lingüística panhispánica
En 1951 el Presidente de México y académico, don Miguel Alemán, convocó una reunión de Academias de la Lengua con el propósito de estrechar los vínculos entre ellas y de concertar una acción común. Dadas las malas relaciones políticas del régimen franquista con la república de México, el Gobierno no permitió la asistencia de la Real Academia Española.
Este I Congreso de Academias (se han celebrado hasta ahora dieciséis) acordó establecer una nueva regulación de la relación entre las academias, hasta entonces regida por el reglamento elaborado por la RAE en 1870. Intervino activamente en el proceso la RAE, que fue invitada a pesar de no haber participado en el congreso para mantener «la unidad de las academias con la corporación matriz». El resultado fue la aprobación de los Estatutos que estipulan la constitución de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y reconocen que la RAE «es, por derecho propio, la llamada a dirigir esta labor colectiva de defensa y promoción del idioma castellano». La ASALE, pues, ha estado presidida desde su creación por la Real Academia Española y en 1964 trasladó su sede a Madrid, al edificio de la RAE, donde permanece hoy.
La necesidad de comprometer a los gobiernos en la tarea común se materializa en 1960 con la firma en Bogotá, en el marco del III Congreso de la ASALE, del «Convenio multilateral sobre la Asociación de Academias de la Lengua Española». A través de este acuerdo, que reconoce el carácter jurídico internacional de la ASALE, los gobiernos hispanoamericanos se obligan a proporcionar a sus respectivas academias nacionales de la Lengua una sede permanente digna y un presupuesto estable suficiente para el desarrollo de sus actividades. Diecinueve Estados respaldan sus postulados, que fueron ratificados por la IV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (1994), a efectos de su actualización para fortalecer la unidad de la lengua española y de su extensión «a las comunidades hispanohablantes en entidades políticas diferentes tales como Filipinas, Puerto Rico y Estados Unidos de América».
En 1993 la Real Academia Española modifica sus Estatutos para consagrar como misión principal el mantenimiento de la esencial unidad de la lengua española en todo el ámbito hispánico, frente al objetivo fundacional de fijar la lengua. El nuevo fin implica la decisión de impulsar una política lingüística panhispánica activa, basada en la intervención real de todas las academias en las obras que expresan y sustentan la unidad de la lengua española.
Para llevar a cabo esa acción se establecen mecanismos nuevos en el ámbito de la relación con las academias, en el funcionamiento orgánico de la Asociación de Academias y en el método de trabajo. Todo quedó sancionado en los nuevos Estatutos de la ASALE aprobados en 2007, en el Congreso de Medellín, y actualmente vigentes, que reconocen al director de la RAE como presidente nato de la Asociación.
La ASALE, con el impulso y el liderazgo de la RAE, contribuye esencialmente al panhispanismo de nuestra lengua, y a que las obras consideradas normativas por los hispanohablantes, que antes producía en solitario la Academia Española, se hayan convertido en obras panhispánicas, es decir elaboradas y publicadas por la totalidad de las academias (el diccionario era antes conocido como DRAE —Diccionario de la Real Academia Española— y ahora es DLE —Diccionario de la lengua española— para subrayar el indicado carácter colaborativo y general con que se prepara la obra). La lengua española no es un bien exclusivo de España, sino de todos y cada uno de los Estados que la usan como lengua general. Y la normativización de esa lengua se lleva a cabo conjuntamente por la RAE y por todas las academias de la Lengua Española radicadas en cuatro continentes. Lo que permite concluir, en definitiva, que la autoridad y prestigio de la RAE están extendidos hoy a toda la comunidad de hispanohablantes que está compuesta por más de quinientos ochenta y cinco millones de individuos.
Esta circunstancia convierte a la RAE en la institución cultural más importante del ámbito hispanohablante, pues gestiona intereses de valor universal, a los que aparecen conectados otros políticos, jurídicos y sociales de primer orden. La labor diplomática e institucional que implica la dirección y la coordinación del trabajo de la red de academias integradas en la ASALE requiere la aplicación de recursos suficientes para garantizar el funcionamiento eficaz del complejo engranaje y, en definitiva, el cumplimiento del fin último de preservación de la unidad de la lengua común. El peso de esta responsabilidad recae directamente en la RAE, a la que sus corporaciones hermanas han confiado esa misión.
La neutralidad de la RAE, el respeto ganado a lo largo de trescientos años y su carácter de institución privada de base le permite ser aceptada y respetada sin reticencias como protagonista de la diplomacia cultural en el mundo hispánico.
El trabajo de la RAE
El contenido esencial de la labor de la RAE consiste en la preparación continua de nuevas ediciones del Diccionario de la lengua española (y sus complementarios: Nuevo diccionario histórico del español, Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario del estudiante y Diccionario panhispánico del español jurídico), de la Ortografía y de la Gramática (ambas en sus diferentes versiones: general, manual y elemental), y de obras lingüísticas de interés general como El buen uso del español, el Libro de estilo de la lengua española y el Libro de estilo de la Justicia, así como el mantenimiento de relaciones ordinarias para la preparación de todas estas obras y el desarrollo de programas conducentes a la colaboración intensa con todas las academias de la ASALE. Asimismo, la RAE cuenta con servicios de atención directa a la comunidad hispanohablante, como el servicio de «Español al día», que desde una perspectiva panhispánica atiende consultas lingüísticas, anticipa soluciones y desarrolla una labor activa de información, y, en el ámbito específico de la formación de futuros colaboradores de las academias, la Escuela de Lexicografía Hispánica.
Todas estas obras y servicios están a disposición del público, gratuitamente, a través de internet, al tiempo que la RAE promueve distintos programas de becas destinadas a la formación e iniciativas culturales de diversa índole. Además, la RAE lleva a cabo dos grandes proyectos de divulgación literaria: la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española y la colección de ediciones conmemorativas que elabora junto con la ASALE. En ambos casos la Academia busca combinar la calidad filológica de las ediciones con su accesibilidad para los hispanohablantes, fiel al mandato estatutario de «mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua».
Constituye, por tanto, toda la actividad de la RAE un servicio público cultural de enorme relevancia.