Real Academia Española

   

Santiago Muñoz Machado, miembro del Consejo de Estado

Santiago Muñoz Machado lee su discuso en la toma posesión del Consejo de Estado.

Santiago Muñoz Machado lee su discurso en la toma posesión del Consejo de Estado.

Santiago Muñoz Machado en la toma posesión del Consejo de Estado.

Santiago Muñoz Machado en la toma posesión del Consejo de Estado.

Santiago Muñoz Machado en el Consejo de Estado.

Santiago Muñoz Machado en el Consejo de Estado.

28.2.2019

Santiago Muñoz Machado, miembro del Consejo de Estado

Santiago Muñoz Machado, es desde hoy, por su condición de director de la Real Academia Española (RAE), miembro nato del Consejo de Estado, tras tomar posesión del cargo esta mañana en un acto celebrado en la sede de la institución en Madrid. En esta misma sesión también ha sido nombrado consejero Manuel Pizarro Moreno, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, ha abierto la sesión presentando a los dos nuevos miembros.

El director de la RAE, que ha pronunciado el discurso El Consejo de Estado: ante un cambio de paradigma, ha comenzando recordando su dedicación al estudio de las leyes, así como su trayectoria profesional vinculada a la jurisprudencia: «Me he pasado la vida estudiando lo que se hace y dice en este Consejo. Reside aquí una de las fuentes del Derecho Administrativo, disciplina a la que le he dedicado preferentemente mi vida de universitario, escritor y de abogado. Me enseñaron a beber en ella mis primeros maestros en la Facultad, Pedro Sanz Boixareu y Eduardo García de Enterría, letrados de esta Casa, y he mantenido desde entonces una relación familiar con la actividad del Consejo, disfrutada no solo con la lectura de sus dictámenes, sino con la relación personal, que dura ya más de cuarenta años, con buena parte de sus miembros», ha rememorado.

LA LINGÜÍSTICA Y EL DERECHO

En su  intervención, el jurista ha analizado la estrecha relación entre la lengua y el Derecho: «En los seis años que han transcurrido desde mi ingreso en la Real Academia Española, he dedicado bastante esfuerzo a demostrar la íntima conexión entre la lingüística y el Derecho. No solo por la evidencia de que para los juristas la palabra, la argumentación y la oratoria son herramientas principales, sino, antes que eso, por la enorme contribución de la legislación y de la obra de los juristas a la formación y evolución de la lengua. Este papel fundacional del Derecho sobre el idioma que hablamos cuenta con mucho material probatorio. Bastará con que recuerde el reconocimiento de tal influencia en dos obras esenciales de la RAE: el Diccionario de autoridades y la edición del Fuero Juzgo».

El director de la RAE ha recordado el primer diccionario académico, editado en seis volúmenes entre 1726 y 1739, y llamado Diccionario de autoridades «porque a las definiciones de cada vocablo añadió una explicación de su fuente, de la obra en la que había sido encontrado y del contexto en que se usaba». El académico ha señalado que «los padres del Diccionario usaron profusamente las compilaciones y normas de toda clase vigentes hasta principios del siglo XVIII. Es decir, el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Partidas, una muestra amplísima de fueros y ordenanzas municipales, el Ordenamiento de Montalvo, la Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de Indias, y hasta algunas modestas Ordenanzas de tasas, como la de 1680, que resultaron ser formidables graneros donde obtener vocablos».

Santiago Muñoz Machado ha señalado también que el Derecho Administrativo está  viviendo  un cambio de paradigma. «Desde el primer constitucionalismo, Francia, España y los principales países del continente europeo concibieron sus Administraciones Públicas como grandes prestadoras de servicios económicos y sociales. Crearon estructuras institucionales o empresariales para satisfacerlos y las dotaron de un régimen jurídico especial. La concepción del Estado y su relación con la sociedad que todo ello implica ha tenido que enfrentarse a un nuevo modelo en el que los ciudadanos y sus organizaciones sociales y empresariales han tomado un protagonismo diferente a costa del que tenían las Administraciones públicas. El Estado gestor de servicios ha pasado a ser regulador y garante», ha explicado.

El catedrático de Derecho Administrativo  ha terminado expresando su satisfacción por poder participar en este momento histórico: «La gran transformación a que me refiero vuelve a entregar un gran papel a la tópica, a la creación desde los casos concretos, y por tanto al Consejo de Estado, que se enfrenta cada día al trabajo apasionante de crear, de explicar, de urdir buenas soluciones para preservar los intereses generales. Cuánto celebro, señora presidenta, señores consejeros y letrados, llegar al Consejo en este momento», ha señalado.

CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado en pleno lo integran el presidente, los consejeros permanentes, los consejeros natos, los electivos y el secretario general.

Los consejeros natos, como es el caso del director de la RAE, lo son por razón del cargo que ostentan o hayan ostentado. Además del director de la RAE, también son consejeros natos quienes hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno, los presidentes de las reales academias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y Legislación, el presidente del Consejo Económico y Social, el fiscal general del Estado, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el presidente del Consejo General de la Abogacía, el presidente de la Comisión General de Codificación (o el de su sección primera, si aquel fuera ministro), el abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado, el director del Centro de Estudios Constitucionales y el gobernador del Banco de España.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante —el presidente del Gobierno o los ministros, así como los presidentes de las comunidades autónomas—. El Gobierno puede solicitar del Consejo de Estado estudios o informes y también encomendarle la elaboración de propuestas legislativas o de reforma constitucional. Asimismo está facultado para elevar al Gobierno mociones sobre cualquier asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugieran.

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