Nota de la Real Academia Española sobre las «Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria»

La Real Academia Española (RAE) ha tenido conocimiento del documento titulado Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria (acordadas en la Reunión de la Mesa de las Cortes Generales del 5 de diciembre de 2023). En ese texto se remite a otras recomendaciones de diversos organismos oficiales dirigidas a «la implantación de un lenguaje no sexista». La RAE es conocedora de esos textos, así como de otros similares elaborados en los últimos años por diversas instituciones. La razón principal por la que desea expresar su opinión sobre los acuerdos de la Mesa del Congreso del 5 de diciembre de 2023 es el hecho de que se afirma expresamente en ellos que se han elaborado teniendo en cuenta «las reglas gramaticales vigentes y las recomendaciones contenidas en el “Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas” publicado por la Real Academia Española el 16 de enero de 2020». Los destinatarios del texto que ahora comentamos podrían pensar, de manera equivocada, que las recomendaciones de la Mesa del Congreso concuerdan totalmente con la postura de la RAE sobre estas cuestiones o comparten los criterios de esta institución sobre dichos asuntos.

Conviene precisar, ante todo, que en algunos aspectos del informe que analizamos se tienen en cuenta, en efecto, las recomendaciones académicas. Son los relativos al género de los compuestos (§ II.1) y también (§ II.2) a la recomendación de que se evite la arroba como posible comodín de las vocales -o y -a (l@s parlamentari@s), así como las letras -x (lxs parlamentarixs) y -e (les parlamentaries) en contextos similares. También propone el texto de la Mesa del Congreso (§ II.3) que se evite «el uso de las flexiones de género no recogidas en el Diccionario de la RAE». El mismo texto (§ II.4) recomienda «no abusar de las duplicaciones de género» (los parlamentarios y las parlamentarias). Todo ello supone un avance considerable en relación con algunos textos previos procedentes de la Administración del Estado, lo que constituye, indudablemente, una buena noticia.

El punto más conflictivo es la interpretación del llamado «masculino inclusivo», sobre el que persisten discrepancias fundamentales. El texto de la Mesa del Congreso dedica varias páginas a presentar diversas formas de sustituirlo, si bien concluye esa extensa relación —de manera quizá un tanto paradójica— aduciendo que debe evitarse «un uso excesivo» de este recurso.

Extraemos seguidamente algunas recomendaciones que aparecen en el documento mencionado:

• La Mesa del Congreso entiende que no se deben usar expresiones como unos dos mil asistentes, ya que contienen el indefinido masculino unos. Se recomienda decir en su lugar aproximadamente dos mil asistentes. Se da a entender, a la vez, que no habría problema en decir unos dos mil euros, ya que unos es un «determinante sexuado» en el primer caso, no en el segundo. En el mismo texto se propone sustituir que no estén incluidos en la lista por que no figuren en la lista. Se entiende, como antes, que la sustitución es necesaria si se habla de personas, no si se habla de requisitos.
• Deben evitarse las formas el que o los que usadas con valor inclusivo. De acuerdo con la Mesa del Congreso, la expresión los que tengan mayores a su cargo excluye a las mujeres del grupo de personas que tienen mayores a su cargo, de forma que los que debería sustituirse por quienes. Cabe entender, de forma análoga, que la expresión los que vivimos y trabajamos en España excluye a las mujeres, según los autores del documento que comentamos, por lo que también debería evitarse.
• No debe decirse los usuarios, sino las personas usuarias. A los redactores del texto no parece importarles que la expresión sustitutiva resulte sumamente forzada para cualquier hispanohablante, al igual que lo sería —hablando de cine— sustituir los espectadores por las personas espectadoras. En el texto no se alude, por otra parte, al hecho de que el uso de este recurso sustitutivo puede modificar considerablemente el sentido de lo que se desea expresar, ya que el significado de los viajeros no es el mismo que el de las personas viajeras.
• El texto de la Mesa del Congreso ejemplifica todas sus propuestas, y añade cautelosamente que deben adaptarse «siempre que no cambien el significado». Omite, en cambio, que las sustituciones sugeridas pueden suprimir matices relevantes, a los que los hablantes no tendrían por qué renunciar. Frente a lo que afirma el texto, no equivalen forzados por las circunstancias y debido a las circunstancias, ni tampoco Están capacitados para y Son capaces de, o No podrá ser declarado apto y No podrá aprobarse. Todos estos ejemplos proceden del texto mencionado y todos están dirigidos a evitar el uso del masculino inclusivo.

Los ejemplos del documento abordado podrían multiplicarse. Aun así, entendemos que carece de sentido analizarlos uno por uno e ir explicando qué pierden exactamente los hablantes al aplicar las fórmulas sustitutorias que se sugieren para evitar el uso del masculino inclusivo. Parece, pues, más adecuado reflexionar brevemente sobre los aspectos en los que se centra el desacuerdo, así como sobre las razones fundamentales que lo motivan.

La RAE ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que comparte por completo la convicción de que las mujeres y los hombres han de poseer los mismos derechos y los mismos deberes en las sociedades democráticas, y es igualmente consciente de que todavía no se ha alcanzado plenamente dicha equiparación entre nosotros. Entiende, a la vez, que no se avanza hacia la consecución de tales logros modificando arbitrariamente opciones morfológicas, sintácticas y léxicas que el español comparte con muchas lenguas, sean románicas o no. La RAE ha recordado en sus documentos que las sociedades en las que se hablan lenguas que organizan de otra forma las propiedades morfológicas del género, así como las relaciones de concordancia, no son necesariamente más democráticas que la nuestra. Hemos argumentado en múltiples ocasiones que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos, y hemos explicado también con detalle que el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca.

El documento de la Mesa del Congreso da a entender, desde su mismo título («Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria») que los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista. También se aplica ese criterio en otros documentos oficiales de la Administración elaborados en los últimos años. Sería, pues, sexista, el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo el de los propios parlamentarios españoles cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos. Sería igualmente sexista —aplicando este razonamiento implícito— el lenguaje de la literatura, el ensayo, la ciencia, el cine, el periodismo, la legislación y tantos otros ámbitos (no necesariamente coloquiales ni informales) en los que los textos escritos en español no se suelen redactar aplicando los recursos que nuestra Administración recomienda.

La Mesa del Congreso parece darse cuenta de la contradicción a la que apunta su criterio cuando hace notar (pág. 15) que sus recomendaciones sobre el lenguaje no sexista no podrían aplicarse a ciertos textos «más literarios o argumentativos». No explica, en cambio, si esos otros discursos dejarían de ser sexistas, o bien desea dar a entender que a sus autores se les tendría que dispensar su sexismo lingüístico, ya que escriben en español sin aplicar las recomendaciones que han de caracterizar los documentos oficiales.

En efecto, es oportuno hacer notar que el término «lenguaje no sexista» —que la Mesa del Congreso adopta en sus recomendaciones y que varios organismos oficiales han aplicado en otras muchas similares— conduce a una peculiar disyuntiva. Cabe pensar, por un lado, que las expresiones propias del lenguaje supuestamente sexista dejan misteriosamente de serlo cuando no aparecen en textos oficiales. La otra opción, más preocupante incluso, consiste en suponer que los hispanohablantes están autorizados a expresarse en un lenguaje sexista a menos que representen a la Administración o redacten discursos públicos. Sospechamos que, tras esa peculiar disyuntiva, se esconde el deseo implícito de acrecentar la distancia —ya considerable en la actualidad— entre el universo oficial y el mundo real. Si bien sería de esperar que las administraciones trabajaran para acortarla, parecen más interesadas en aplicar una y otra vez las dobles varas de medir que tan patentemente la ponen de manifiesto.

Es más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija. En cualquier caso, la RAE ha defendido en sus documentos que no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales. Ha sostenido asimismo que no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse. La RAE ha manifestado también que no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española, sino arbitrando medidas legislativas que conduzcan a la equiparación de derechos, mejorando la educación que nuestros jóvenes reciben en la escuela y trabajando de otras muchas formas por una sociedad que refleje de manera efectiva todos esos valores.