Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (foto: RAE)

El Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación pro-RAE firman un convenio de colaboración

2 de Marzo de 2022

El Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación pro Real Academia Española han firmado en la sede institucional de la Real Academia Española (RAE) en Madrid un convenio de colaboración para la difusión del lenguaje jurídico de calidad.

El director de la RAE y vicepresidente de la Fundación pro-RAE, Santiago Muñoz Machado, y la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, han establecido así un acuerdo por el que el Consejo General de la Abogacía Española garantiza el cuidado y respeto del buen uso de la lengua del derecho. Además, se pone a disposición de todos los colegiados y de los ochenta y tres colegios de la abogacía el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ), una obra que abarca el lenguaje jurídico de la comunidad hispanoamericana y que enlaza directamente con las legislaciones de los distintos países que la conforman.

El DPEJ es un hito de la cultura lingüística y jurídica que une a la comunidad hispanohablante. Su objetivo es mejorar el conocimiento del lenguaje jurídico, su claridad y su accesibilidad, así como su más correcto empleo por los operadores jurídicos. Esta obra, en línea y de consulta gratuita, ofrece modelos regulatorios de importancia para asegurar las formas democráticas de gobierno, mantener los valores del Estado de derecho y las garantías de las libertades y derechos de los pueblos que forman parte de la comunidad hispanoamericana, con enorme beneficio para la seguridad jurídica, tanto de las personas como de las empresas. Para los poderes del Estado y todos los operadores jurídicos, públicos y privados, la obra es un repositorio de saberes y experiencias, que servirán de apoyo a las tareas legislativas y judiciales y a la formación de las políticas públicas en cualquier ramo de la actividad pública. Por otra parte, constituye una riquísima fuente de conocimiento para la reforma y enriquecimiento de las demás obras lingüísticas de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

El Consejo General de la Abogacía Española se incorporó el año pasado a la Junta de Protectores de la Fundación pro-RAE en su compromiso de ayudar al buen uso del español en todos los ámbitos del derecho. Esta junta está compuesta por personas físicas o jurídicas como reconocimiento a la labor que prestan en el buen funcionamiento de la Fundación, cuya meta principal es respaldar las actividades que constituyen el objeto de la Real Academia Española.

Desde su creación en 1993, la Fundación pro-RAE ha hecho posible la realización de numerosos proyectos académicos que han contribuido al buen uso y la unidad del español, la lengua común de casi 600 millones de personas.

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